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20 de marzo de 2024

Criminalización a la protesta de defensores ambientales en sigchos

Derechos vulnerados o en riesgo:Derecho a la consulta previa, libre e informada; libertad de reunión y asociación; derecho a la protesta pacífica.

Actores que vulneran o ponen en riesgo el derecho: Actores civiles no identificados

Tipo de acción que vulnera o pone en riesgo el derecho: Criminalización a la protesta pacífica, hostigamiento a activistas ambientales, uso desmedido de la fuerza.

Resumen: El 18 de marzo, 70 comuneros del cantón Sigchos fueron acusados del presunto delito de terrorismo en el marco de un proceso de resistencia mantenido por la comunidad a causa del proyecto de explotación minera La Plata, a cargo de la empresa canadiense AticoMining. El Frente Nacional Antiminero y miembros de la comunidad han denunciado la militarización e ingreso de civiles armados en el cantón en el marco del proceso de consulta ambiental sobre el proyecto minero.

Locación: Palo Quemado, Cotopaxi

Resumen

El 18 de marzo, 70 comuneros del cantón Sigchos fueron acusados del presunto delito de terrorismo en el marco de un proceso de resistencia mantenido por la comunidad a causa del proyecto de explotación minera La Plata, a cargo de la empresa canadiense AticoMining. El Frente Nacional Antiminero y miembros de la comunidad han denunciado la militarización e ingreso de civiles armados en el cantón en el marco del proceso de consulta ambiental sobre el proyecto minero.

Información completa

Desde el 7 de marzo1 el Frente Nacional Antiminero, la CONAIE y habitantes del cantón Sigchos han denunciado la amedrentación de comuneros, así como el ingreso de militares y civiles armados en el marco del contexto de la consulta ambiental por el proyecto minero La Plata, a cargo de la empresa canadiense AticoMining. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) reinició la fase de participación ciudadana para la consulta ambiental el 11 de marzo, sin embargo, organizaciones ambientalistas y defensores de DDHH han denunciado el alto nivel de militarización de la zona. 

 

El 11 de marzo se registraron enfrentamientos entre los comuneros, civiles armados y representantes del MAATE, mientras se pretendía  realizar la entrega de convocatorias para el proceso de participación ciudadana. Tanto el MAATE2, como el Frente Antiminero3 denunciaron agresiones. El proceso de consulta ambiental ha sido cuestionado debido a que en el fallo 51-23-IN/234 de la Corte Constitucional, si bien se dispone la continuidad del proceso, se establece que se debe garantizar un espacio de consulta libre de presión e intimidación, sin presencia de fuerza pública y respetando los parámetros mencionados en el fallo; así como dispone a la Asamblea Nacional la redacción de normativa para la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada. 

 

En este contexto, el 18 de marzo el Frente Nacional Antiminero5 y diversas organizaciones ambientalistas denuncian el ingreso de 500 militares y miembros de fuerzas del orden a la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos. Adicionalmente, este día se publica una lista6 con 70 nombres de comuneros y habitantes del cantón en una denuncia por el supuesto delito de terrorismo. El 20 de marzo el Frente Nacional Antiminero denuncia varios enfrentamientos y represión, así como uso desmedido de la fuerza en contra de comuneros y habitantes de la parroquia que se manifestaban en contra del proceso de consulta7.

 

El Observatorio a las libertades ciudadanas exige al Gobierno Nacional respetar el debido proceso en el marco del derecho a la consulta previa, libre e informada, como lo establece el artículo 57 numeral 7 de la Constitución, así como el cumplimiento de la sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional. La militarización del territorio, el uso desmedido de la fuerza y la criminalización a la protesta deslegitiman el proceso de consulta a llevarse a cabo y violentan el derecho a la libre determinación de los pueblos.  

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